La propuesta electoral del partido de Evo Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), de crear un gravamen a la riqueza ha generado críticas y escepticismo en Bolivia, ante la posibilidad de que sea impuesto de forma arbitraria o de que los ricos “formales” e “informales” puedan evadirlo.
El impuesto a las grandes fortunas se aplicaría a personas con patrimonios superiores a los US$10 millones, alcanzando al 0.01% de la población, según el candidato presidencial del MAS, el exministro de Economía Luis Arce.
Arce defiende que se busca reactivar a la economía boliviana, golpeada por la pandemia del covid-19 y afectada también por lo que este candidato considera una mala administración del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
Desde Argentina, el expresidente Evo Morales ha destacado la propuesta calificándola como “una medida oportuna y necesaria”, al considerar que “solo quienes tienen millones y millones se opondrán a ella”.
“Aquí todos tenemos que aportar para la crisis, no solamente los pobres pueden perder, también los ricos tienen que poner plata”, afirmó Morales a una radio cocalera boliviana.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 el 12.9% de la población boliviana se encontraba en condición de pobreza extrema y un 37.2% en situación de pobreza.
Bolivia, con unos once millones y medio de habitantes, registraba en 2019 un PIB per cápita de US$3,552.
Rechazos y críticas
El MAS plantea usar el dinero recaudado en una mayor industrialización de materias primas, pero los industriales bolivianos advierten de que generará un efecto contrario de “desindustrialización”.
La Cámara Nacional de Industrias ha alertado de que si esta propuesta se concreta, “promoverá un clima de incertidumbre, ahuyentará a la inversión privada y generará inseguridad jurídica para las actividades nacionales y extranjeras”.
Al respecto, analistas económicos consultados por Efe coinciden en que la propuesta resulta interesante en un país como Bolivia, donde aún es evidente que la riqueza está distribuida de forma muy poco equitativa, pero la matizan ante problemas estructurales que también persisten.
Para el analista Alberto Bonadona, “no es un momento propicio para impulsarla, más aún cuando existen ausencias de un marco jurídico que establezca los derechos de propiedad y que pueda definir determinadas formas de riqueza en Bolivia”.
Quienes tienen “derechos de propiedad bien ganados” no tienen un respaldo jurídico sólido “como para poder defenderse frente a un impuesto” que podría aplicarse “de manera injusta o arbitraria”, como ha ocurrido con otras políticas del Gobierno del MAS, consideró.
Otro inconveniente es que no hay formas de incorporar a la medida a gente “que ha podido acumular mucha riqueza” desde la informalidad, agregó.
Más del 60% de la economía boliviana es informal, un porcentaje que, según expertos, podría crecer como consecuencia de la caída de la economía por las medidas contra la pandemia que han durado cinco meses en el país.
El director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Javier Gómez, dijo a Efe que será difícil incluir en el impuesto a la riqueza “informal”, porque mayormente “no está bancarizada”.
Este segmento mueve grandes sumas de dinero “en efectivo” y “puede ser muy difícil identificar su nivel de riqueza”, salvo a través del registro de bienes inmuebles, señaló.
En el caso de los ricos “formales”, Gómez consideró que “el momento en que les tiendas a imponer más es muy probable que busquen otra residencia” para su patrimonio líquido, aunque mantengan sus actividades económicas en el país.
Urge una reforma tributaria
El impuesto a las grandes riquezas es una demanda de años de organizaciones como el Cedla, pero en busca de una reforma tributaria estructural para “imponer” más al capital “y menos al trabajo”, pues actualmente hay una fuerte presión tributaria sobre los trabajadores formales, según Gómez.
Aquella reforma no fue concretada por Arce cuando fue ministro, por lo que el experto comentó que su propuesta actual tiene una visión “populista” y “electoral”.
Un impuesto así requiere “un análisis muy cuidadoso de la estructura de propiedad del patrimonio de las personas y a partir de eso mirar dónde se concentra” y qué resultados se obtendrían.
Si no se recauda nada con este tributo, “sería una medida popular, pero muy poco eficiente para el fisco”, agregó.
