Líderes empresariares reafirmaron su advertencia sobre los «efectos devastadores» que tendría para la economía nacional la posibilidad de que se apruebe el proyecto de ley mediante el cual se entregaría el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores suspendidos por los efectos de la pandemia del covid-19.
“Nosotros estamos en contra de esto porque las consecuencias serían nefastas”, afirmó Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) al ser entrevistado durante la toma de posesión del presidente Luis Abinader en el Congreso Nacional.
En igual sentido se ha pronunciado el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Celso Marranzini, quien consideró que el proyecto de ley traería efectos perjudiciales para la economía nacional y la clase trabajadora.
“Eso suena muy atractivo, pero en realidad tendría muchos perjuicios económicos como se ha explicado, no solamente por el aumento desmedido de la emisión monetaria, sino porque también perjudica a largo plazo a los trabajadores, ya que mermaría su capacidad de ahorro”, afirmó el dirigente empresarial.
En su lugar, Marranzini sugirió otras alternativas. “Sería tal vez mejor apoyar a las empresas más vulnerables que han sido las más afectadas por la crisis sanitaria, para que tengan la capacidad de recuperar empleos y de atraer inversiones y fortalecer los sectores productivos” del país, manifestó.
Indicó que de esta manera se podría contribuir a la toma de decisiones para que “como país salgamos fortalecidos y podamos generar más y mejores empleos en el futuro”.
Tanto Brache como Marranzini fueron entrevistados acerca de las advertencias formuladas por diversas organizaciones del país ante la preocupación de que usar parte de los fondos de las AFP en medio de la crisis sanitaria del coronavirus pudiera desatar un trastorno mayúsculo en varias áreas vinculadas estrechamente al desenvolvimiento de la economía nacional.
Ambos ejecutivos recordaron que los principales órganos empresariales e industriales del país se han mantenido siempre en contra de la iniciativa legislativa, coincidiendo con otras personalidades de la vida nacional y organizaciones de diferentes sectores de la sociedad que incluyen a dirigentes sindicales.
Uno de los principales argumentos expuestos en oposición a la entrega de parte de los fondos de pensiones es que su aplicación resultaría inviable, ya que el Estado dominicano quedaría desprovisto de recursos por la descapitalización que supondría una desinversión de RD$173,000 millones, que es lo que equivalen el 30% de esos recursos.
Los sectores opuestos al proyecto argumentan además que, en la eventualidad de su aprobación, se pondría los trabajadores a asumir el peso de la crisis sobre sus hombros en lugar del Estado, afectando así sus propias pensiones futuras y teniendo que trabajar de dos a cuatro años más de lo previsto actualmente para recuperar lo ahorrado.
Consideraron que el retiro de los fondos de pensiones incrementaría la tasa monetaria, ya afectada por la crisis actual, aumentando los precios de los productos «de manera desproporcionada, lo que constituiría serio golpe al bolsillo y los presupuestos familiares.
