Tanto mis colegas actuarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra como el suscrito coincidimos íntegramente en lo siguiente: según las propuestas de diversos sectores y “expertos” locales, no se podrán conceder pensiones dignas en República Dominicana ni en este siglo ni en el próximo, lo que implica una violación del Convenio 102 ratificado por el gobierno dominicano con la OIT.
Mis análisis de cómo acceder a pensiones dignas bajo el modelo actual, son los siguientes:
1. Agregar a los RD$600,000 millones acumulados en las cuentas individuales de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) otros RD$500,000 millones, por un total de RD$1,100 billones. ¡No viable!
2. Aumentar las tasas de aportes en las cuentas individuales del 8% al 14% de los salarios. ¡No viable actualmente!
A la luz de lo antes expuesto, resulta también absurdo el tiempo perdido en discutir propuestas inapropiadas para devolver a los trabajadores el 30% de los valores en las AFP, aparte de que sus aportes son solo una tercera parte del total acumulado, lo que reduciría la devolución a solo el 10% de los fondos en vez del 30%. Otros países están ponderando devoluciones más modestas pero la viabilidad de devolver, por ejemplo, un 10% en forma optativa y sectorializada, depende de las acciones que lamentablemente no parecen ser viables el resto del año en el país, debido al entorno monetario y fiscal.
Reformas paramétricas marginales tales como aumentar la edad de retiro no resolverán el problema actuarial, y tendrían un impacto pernicioso en la creación de empleos a favor de las nuevas generaciones de jóvenes que aspiran a ingresar a la fuerza de trabajo, aparte de la imposibilidad de aumentar en forma general la edad de retiro de ciertas categorías de trabajadores expuestos a una notable reducción de la productividad laboral a partir de los 60 años de edad, como es el sector de la construcción y algunas Mipymes.
La inoperante Superintendencia de Pensiones y el obsoleto Consejo Nacional de la Seguridad Social deberían ser reformulados. En cuanto al CONEP, sería conveniente que tanto el sector financiero, sino también el sector de uso intensivo de mano de obra, se integren de lleno al proceso de reforma, de las pensiones nacionales. La reforma de las pensiones es un asunto de Estado, aspecto que fue ignorado por el Gobierno saliente. El nuevo gobierno podría designar un Comité ad hoc de alto nivel y expertos en la materia para diseñar la secuencia de reformas, incluyendo lo concerniente a la Cesantía Laboral, con lineamientos que constan más adelante.
El sistema nacional de pensiones en Dominicana está totalmente fragmentado, con numerosas entidades operando regímenes de reparto y con un perfil de beneficios diferente al establecido en la Ley 87/01. El más notable es el Fondo de Pensiones del Magisterio Público, que opera a través del INABIMA y aglutina a decenas de miles de asegurados, ofertando pensiones al retiro del 100% de los salarios, tres veces más que la pensión promedio de la mayoría de los afiliados a las AFP. A mediano plazo, a medida que aumente la proporción de pensionados, dicho Fondo confrontará déficit actuariales.
El segundo segmento de asegurados con un régimen especial “de facto” y probablemente “de jure” lo constituyen los médicos (y probablemente las enfermeras) del sector público. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas operan también regímenes especiales. Las Cámaras Legislativas operan su propio Fondo de Pensiones, al igual que la UASD, el Poder Judicial y la Junta Central Electoral. O sea, casi la mitad del sector público está excluido del modelo establecido en la Ley 87-01.
Miles de pensionados de “ingreso tardío” percibieron sus aportes personales sin el suplemento del Bono de Reconocimiento y quedarán en la indigencia a mediano plazo, por una penosa resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, violatorio de la Ley 87-01.
En resumen, el modelo vigente de pensiones en Dominicana se asemeja a una Torre de Babel, reflejo de un modelo mercantilista, en lugar de un sistema de Protección Social a favor de la población de trabajadores.
Hemos evaluado fórmulas factibles aplicables al país, sin caer en la costumbre de estar copiando las reformas de otros países. En primer lugar, no es viable la actualización de las bases financieras del régimen pensional sin un mayor aporte de los asegurados, pues en ninguna parte del mundo se podrán acumular pensiones dignas con aportes del 2.88% de los salarios por los asegurados.
En segundo lugar, se requiere establecer un Segundo Pilar de Reparto (si, de reparto, con gestión pública / privada y acorde con el Piso de Protección Social de la OIT), fondeado por cinco variables, a saber: aportes suplementarios de los asegurados; una cuota -parte de la Cesantía de trabajadores cesantes a partir de cierta edad; aportes del Fondo de Solidaridad Social; excedentes actuariales del régimen de Riesgos Laborales, y ajustes de las tarifas de los riesgos de Discapacidad y Muerte.
Este mecanismo, de costo neutral para los empleadores, permitiría un ascenso gradual y progresivo de los niveles de pensión a mediano plazo. Ya habíamos advertido, en un artículo publicado en Ginebra por la Asociación Internacional de la Seguridad social (AISS) , las fallas estructurales del nuevo régimen de pensiones bajo la ley 87/01 y los potenciales errores de implementación, que se materializaron al no emitir el Gobierno el Bono de Reconocimiento por derechos adquiridos en el antiguo régimen de reparto de los trabajadores del sector privado y público; la desprotección de los cónyuges supervivientes de los pensionados; amplios rechazos de pensiones de discapacidad, entre otras fallas latentes.
Se presenta ahora una nueva oportunidad de una reforma seria y profunda del régimen pensional, estableciendo un sistema de dos pilares, el actual modelo de cuentas individuales y un pilar suplementario con financiamiento mixto. Espero que este último esfuerzo del suscrito por lograr un sistema de pensiones más racional que el actual en Dominicana no caiga de nuevo en el vacío.
