Las diferentes economías del mundo han sufrido una serie de cambios a través del tiempo, así como modificaciones en sus modelos de producción. Cada etapa tuvo sus propios actores y características particulares. Sin embargo, es una tesis históricamente comprobada que las crisis representan un “retroceso” a modelos más tradicionales y, casi paradójicamente, un crecimiento en términos económicos. Entonces, analizando situaciones de crisis datadas desde inicios del siglo XX hasta nuestros días, notaríamos curiosamente un patrón.
Si nos remontamos a períodos tan remotos como “la Belle Époque”, una de las épocas de mayor avance en términos de ciencia, expansión del imperialismo y fomento del capitalismo como sistema de producción, tendríamos que mencionar la guerra franco-prusiana de 1871 que le antecedió y que originó los avances subsiguientes para la región. Esto fue así hasta la primera guerra mundial en 1914, donde las economías volvieron a sumergirse en una profunda crisis.
A causa de esto, Norteamérica se vio en la necesidad de modificar su esquema de producción, rechazando los incentivos del comercio internacional, adoptados más de un siglo atrás, por una producción local de todos los bienes intermedios y finales -incluyendo materias primas-, industrializando así sectores de producción primaria.
Años después, la gran depresión de 1929 afectó económicamente a casi todas las economías del mundo, a pesar de haberse originado en EE. UU. Sin embargo, halló gran parte de la solución en los New Deals del presidente Roosevelt luego que éste asumiera el cargo en 1933. Estas medidas consistían en políticas intervencionistas, abandonando nuevamente las profecías del liberalismo, en las que el equilibrio de los mercados proviene de su autogestión y solo allí se maximizan sus utilidades.
Así mismo, podemos mencionar la segunda guerra mundial en 1945, otra gran crisis que devastó un sinnúmero de países, mas, al pasar la guerra, hizo de Estados Unidos la economía más fuerte del mundo, concentrando cerca del 50% del PIB mundial con menos del 7% de la población.
Luego vino la guerra de Vietnam. Los gastos que representaba para el Gobierno americano iniciaron el final del oro como respaldo de valor, al punto de suspender en 1971 su convertibilidad y devaluar el dólar un 8% arbitrariamente, con tal de controlar las especulaciones y evitar las fugas de capitales.
Dos años después, la devaluación de la moneda se realizó nueva vez y así se abrieron las puertas a los tipos de cambio flotantes, en función de la evolución de los mercados de capital, solidificando el dólar como moneda de referencia, tal como se había concertado en los acuerdos de Bretton Woods. En otras palabras, se puede afirmar que el proteccionismo estatal fue la llave al liberalismo cambiario.
Todavía más, la negativa por los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para exportar petróleo a países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kipur en 1973, dio lugar a una crisis que generó el aumento de su precio en la factura energética de países industrializados mayor al 400%,llevando al Estado a intervenir con la creación de instituciones como la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que se encargó de colocar controles al consumo del petróleo, al precio del crudo y regular el mercado industrial, institución que aún permanece.
Si nos fijamos un poco, parece como si el mundo hubiese retrocedido a medidas tomadas durante la primera guerra mundial y que mantienen su efectividad en el tiempo. No obstante, pudiéramos mencionar otras grandes crisis como el lunes negro (1987), la crisis del peso mexicano (1994), la crisis de Asia (1997), la crisis argentina (2001-2002), la gran recesión (2008-2009), entre otras. Todas requirieron de políticas proteccionistas y desarrollaron el armazón económico de los países afectados, no propiamente por la política estatal, sino por haber sobrepasado la crisis utilizando al Estado como regulador.
Esta idea no tiene como propósito hacer del Estado una entelequia inequívoca ni la panacea de las crisis, más bien, destacar que el simple hecho de existir la crisis representa un incentivo a desarrollar mecanismos de supervivencia que convergen posteriormente en un crecimiento económico y una modificación del modelo de producción vigente empleando medidas más tradicionales.
¿Qué esperar de la crisis del covid-19?
Sería importante mencionar que el panorama mundial en que apareció esta crisis no fue el más conveniente. Antes de iniciar toda esta locura sanitaria, los pronósticos preveían una contracción de la producción, el comercio y la actividad económica mundial, que se maximizó con el virus. El efecto que va a tener esto para la economía es todavía incierto. Aunque el escenario es claramente negativo, no es posible medir la dimensión del daño.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que el impacto inmediato para los países miembros ronda entre el 20% y 25% de su producción durante los próximos meses, dependiendo de la prolongación de la crisis y el impacto específico que tenga en cada país, esperando un mejoramiento gradual para el 2021.
Evidentemente, el mayor impacto será para economías dependientes del turismo y el comercio por la clara reducción de la demanda final de bienes y servicios, disminución consecuente de los precios (especialmente commodities como el petróleo) e interrupción de las cadenas globales de valor y de suministros, por lo complicado que se tornará colocar productos en los mercados internacionales.
Una muestra de esto es que ya la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) valoró una caída del 11% de las exportaciones en todas las regiones y un 9% en el Caribe.
Para hacer una estimación del impacto que tendría esto en República Dominicana debemos conocer las cifras de aquellas variables que se verían más afectadas. Las exportaciones nacionales suman US$4.5 mil millones, aproximadamente un 17% de los ingresos corrientes en la balanza de pagos; las zonas francas US$7.3 mil millones, es decir, un 23%; el sector servicios US$8.5 mil millones, impulsado principalmente por el turismo, un 33%; y las remesas ingresan US$6.4 mil millones, representando el 25%. Todo esto es aproximadamente un tercio del producto interior bruto (PIB).
Se puede esperar que para el turismo suceda prácticamente una desaparición durante los próximos meses, por lo que ocasionaría una reducción sustancial de los ingresos por servicios.
Para las zonas francas, se observa una severa disminución en su nivel de actividad, ocasionado por una reducción en la oferta, producto de la cantidad de negocios cerrados. Sin embargo, aquellas relacionadas con la fabricación de dispositivos médicos y productos farmacéuticos continúan operando, garantizando un mínimo de actividad para este sector, aproximadamente el 27% de los ingresos generados por las zonas francas.
Las exportaciones nacionales, sostenidas un 31% por el oro, probablemente sean las más resilientes, dado que es tendencia en situaciones de crisis la movilización de los activos financieros a zona segura, estimulada en estos momentos por precios elevados.
Para otros rubros como las manufacturas y productos agrícolas, es de entender que dependerá de cómo se comporte la demanda y cómo el virus haya afectado aquellos países, ya que la mayor parte de las exportaciones de estos productos se dirige hacia EE. UU. y Haití, aunque el hecho de estos pertenecer a cadenas cortas haga que su demanda sea menos susceptible ante las inclemencias del covid-19.
Por último, las remesas se verán afectadas por la paralización de la actividad económica mundial, no obstante, hasta el momento son cifras que se han mantenido bastante estables, sabiendo que cerca del 80% provienen de EE. UU. y España.
En una situación hipotética moderada, viendo todo el panorama, si las remesas se reducen en un 20% para los próximos meses, el sector servicios en un 34%, equivalente a un trimestre sin ingresos por turismo, las zonas francas experimenten una baja en sus ingresos por exportaciones de un 25%, soportadas por la fabricación de insumos médicos y farmacéuticos, y las exportaciones nacionales –como las menos afectadas— disminuyen sus ingresos en un 10%, esto tendría un impacto negativo en la balanza de pagos de un 20%, representando una disminución aproximada de los ingresos corrientes de US$6 mil millones solamente por concepto de balanza comercial, un monto lo suficientemente alarmante como para tomar las medidas que garanticen la actividad económica máxima posible en todo el territorio nacional.
¿Qué ha hecho el Estado y qué queda por hacer?
Las medidas económicas tomadas por el Banco Central (BCRD), el Ministerio de Hacienda y otras instituciones adscritas como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) han apuntado en tres flancos principales: el fiscal, el de crédito y el monetario.
Por la parte fiscal, se destinó una prórroga para la declaración del impuesto sobre la renta y cuotas para su pago, así como exención del pago de anticipos para pequeños y medianos contribuyentes y, para aquellos con acuerdos de pago, se redistribuyó el monto adeudado al doble de cuotas posibles, de tal forma que puedan cumplir con los pagos utilizando menos recursos por los próximos meses.
Por la parte monetaria y crediticia, se implementaron medidas para expandir la política monetaria. A entidades de intermediación financiera se les destinó RD$50 mil millones a una tasa de interés del 5% y, adicional a eso, una reducción del encaje legal sustentada en la liberación de RD$33 mil millones, US$622.4 millones para el apoyo del mercado cambiario y facilidad de liquidez, congelamiento de la calificación crediticia para no afectar a las empresas que producto de la crisis deban recurrir al financiamiento y caigan en impago por inoperancia, y un período de 60 días para el vencimiento a quienes tengan líneas de crédito aprobadas.
Además de estas medidas, se destinarán RD$32 mil millones para subsidiar dos programas de ayuda ciudadana, el Quédate en Casa y el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), y la adquisición de algunos equipos del Ministerio Salud Pública, útiles para luchar contra el covid-19.
Esta crisis ofrece la oportunidad de atender debilidades estructurales en la República Dominicana, aspectos como la protección social, que no formaban parte de las prioridades para el país en años anteriores, tal como no lo era el sistema de riesgos de desastres antes del huracán George.
El covid-19 debe ser afrontado con resiliencia, de tal forma que podamos aprender de él, y esto significa que el Estado dominicano debe colocar sobre la mesa del diálogo una reforma integral para el sector salud –que antes de la crisis representaba un financiamiento por debajo del 2% del PIB–, repensar el diseño de las políticas concernientes a la seguridad social, en la que todavía tenemos casi un 55% de la población ocupada que pertenece al sector informal y que no tiene garantías por parte del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) en términos de riesgos laborales o de vejez y, de paso, definir qué sucederá con el régimen contributivo subsidiado.
También, la inclusión de toda la población al Seguro Familiar de Salud (SFS) y la revisión de las coberturas en cuanto a enfermedades de alto impacto, medidas que aseguren la pulcritud como la higienización de espacios públicos, que hace tiempo debió ser parte de la cotidianidad.
Las crisis ofrecen a las economías la posibilidad de focalizar la inversión en sectores verdaderamente necesarios para el mantenimiento de la población como la salud, la seguridad social, la seguridad alimentaria y la protección ciudadana y esta es la oportunidad que no debemos dejar pasar si queremos salir airosos del covid-19, lo que probablemente implique la regresión a un sistema económico más tradicional pero mejor regulado.