UBER, la multinacional que ha generado un rechazo generalizado de los taxistas dominicanos, pero al mismo tiempo un gran apoyo de usuarios que consideran que es un transporte decente, seguro y económico, lleva un año y cuatro meses en el mercado dominicano.
¿Cuánto le ha pagado UBER al fisco? No se sabe y no hay forma de saberlo. No se ha inventado la fórmula mediante la cual se puedan transparentar sus ganancias en el país.
Lo que sí se sabe es en cuánto está valorada la compañía. Finalizó 2016 con valor de mercado de US$8,930 millones. Y lo mejor: La infraestructura más importante es tecnológica. Sus gastos en electricidad, agua, vehículos, mantenimiento, material gastable, edificaciones y empleados son mínimo. El ejemplo está a la vista: los taxistas que trabajan para la empresa no son sus empleados, no reciben beneficios de seguro médico ni contra accidente y los vehículos, por supuesto, tampoco están bajo la responsabilidad de UBER.
A todas luces parece un negocio redondo, sin mayores compromisos que mantener actualizada su plataforma electrónica y una cuenta centralizada a la cual llegan los ingresos de todo el mundo. Sin duda es el resultado de la aplicación del conocimiento para resolver una necesidad humana.
UBER nació en marzo de 2009, en San Francisco, California, fundada por Garrett Camp y Travis Kalanick, inspirados en la dificultad que se tenía para recibir los servicios de taxis tradicionales. En la actualidad llega a más de 467 ciudades alrededor del mundo, incluyendo el chino.
Un estudio de la Unidad de Políticas Públicas, titulado “Disrupción en el servicio de taxi: UBER en República Dominicana”, pone de manifiesto lo que es vox pópuli: la obsolescencia y anquilosamiento en que ha caído el sector en el país. El documento establece que la entrada de la nueva compañía estaría empujando a cambios en la forma de operar el sector. Las disrupciones se muestran en el hecho de que dos de las principales compañías de taxis ya se han abocado al mundo de la aplicación web para tratar de penetrar en este mercado.
Pero con UBER hay una dificultad: ¿Cómo cobrarle los impuestos? Aunque está registrada en territorio dominicano, no tiene su sede física aquí. El estudio establece que en República Dominicana ha sido difícil determinar el tipo de impuestos que paga esta compañía.
Destaca que a pesar de estar registrada oficialmente con una razón social y un registro de contribuyente, no se conoce a ciencia cierta cuáles son las condiciones de pago de impuestos y el tipo de declaración que realizaría.
Se advierte, según el estudio, que en todas las negociaciones publicadas explicando el modelo de negocio, en ninguna se hace mención a la parte impositiva, ni tampoco a la manera en cómo se distribuyen estos posibles tributos por generar una producción.
“Podría deducirse, entonces, que la compañía no reportaría ingresos al país, ya que alegan que solo hacen una intermediación en una plataforma virtual, más que una compañía de taxis”, observa la investigación, que contó con la coordinación de Greidys Roa y la colaboración de Augusto de los Santos, ambos del Observatorio Político Dominicano, perteneciente a la Fundación Global, Democracia y Desarrollo.
“Esto tiene importantes implicaciones para el fisco, puesto que la empresa genera importantes ingresos sin tener más que alguna posible carga legal por las transferencias de recursos al extranjero. Aún en países como México, el aporte al fisco de UBER es sumamente bajo con respecto a lo que realizaría otra compañía”, indica.
Referencia
El estudio refiere otras investigaciones que señalan que a pesar de tener que pagar un porcentaje del impuesto al valor agregado, el hecho de que las contrataciones se realicen a través de su casa matriz en Holanda, reduce bastante el beneficio del Estado sobre las operaciones que realiza.
Señala que la única parte que realmente se tributa es la que corresponde al pago de los taxistas, quienes deben tributar en función de los depósitos que UBER les realiza. En el caso dominicano, no existen regulaciones a los ingresos de las personas que se dedican a actividades de transporte de taxi, lo que elimina el único posible ingreso del fisco por este concepto.
A juicio de los investigadores, esto presenta la principal ventaja comparativa que explica el alto crecimiento y proliferación de esta compañía en todo el mundo, y en el país. Destacan que el hecho de tener costos de instalación y mantenimiento tan bajos, y no realizar aportes contributivos significativos, se traduce en importantes reducciones en los costos de operación, situación que le representa ventajas en el mercado.
En relación con las finanzas, esta empresa declaró en 2014 haber vendido por encima de US$18.2 billones, una cifra que solo fue superada por Facebook a nivel de aplicaciones virtuales.
Indica que otro elemento que dificulta la obtención de explicación es la falta de contacto físico con esta compañía. En este sentido, señala que la empresa se encuentra legalmente constituida, pero no hay quién aclare en el país la forma en que opera.
Marco bajo el amparo de la Ley 63-17
El estudio del Observatorio Político Dominicano señala que uno de los principales problemas de la regulación de taxis en el país es la débil estructura legal existente. Esta situación se debe, en gran medida, a la dificultad de aplicar el marco normativo que estaba vigente cuando UBER inició sus operaciones en República Dominicana.
Con la promulgación de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de República Dominicana, la cual crea el Instituto Nacional de Tránsito Terrestres (Intrant) como organismo rector del sector, y establece nuevas normas para regir las acciones de los taxistas, es de esperar que con la nueva Ley el sector taxista experimente cambios positivos.
El documento indica que aunque la Ley 76-00 establece que el Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART) es el organismo encargado de regular todo el servicio de taxi a escala nacional, el cumplimiento se dificulta, pues desagrega el seguimiento a escala municipal, con un consejo dirigido por el Ayuntamiento del Distrito Nacional para regir los demás cabildos.
La expansión se ha visualizado en Centro y Suramérica, con participación en ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro, Brasilia, Bogotá, Lima, Ciudad de México, Santiago de Chile y Montevideo en el sur, y en Panamá, San José, y Santo Domingo en Centroamérica y el Caribe.
Se estima que en las ciudades donde tiene presencia el mercado objetivo supera los 90 millones de habitantes, equivalente al 15% de la población latinoamericana.