[dropcap]L[/dropcap]a comercialización de baterías nuevas para vehículos e inversores es una de las actividades económicas de mayor dinamismo en República Dominicana. Los agentes del mercado cumplen con roles definidos dentro de la apertura y diversificación que les caracteriza. Aunque no todo es perfecto, en estos momentos el ambiente es de relativa tranquilidad y se respetan las normas establecidas.
Ezequiel Molina Lizardo, del Grupo Cometa, es un conocedor del mercado de las baterías. Ha sido parte del proceso de dinamización y ha impulsado el cumplimiento de las reglamentaciones internas y requerimientos del mercado internacional, especialmente en lo que tiene que ver con la exportación.
A su entender, la comercialización está en buena base en estos momentos, pues las autoridades realizan una labor eficiente. Aquí se incluye, dice, a los congresistas cuando decidieron aprobar una ley eficiente y atinada.
Entiende que todo el mundo está cumpliendo, en cierta manera, con las disposiciones que regulan el sector de la comercialización de baterías en el país.
“Lo que vemos es que por momentos no descansan los amigos que funden, que son únicos, y tratan siempre de buscar un rejuego de ley y amparándose en reglamentos y de que el Tratado de Basilea prohíbe la exportación de baterías usadas y eso no es así. El país puede autorizar la exportación siempre que sea requerida por el suplidor de las baterías nuevas, porque es un commodity, y, segundo, porque no hay suficiente capacidad para manipularla o procesarla aquí mismo”, explicó.
Además, aclara que la capacidad, en caso de que la haya, no sólo debe ser de volumen, sino que también sea para procesarla con todas las reglas y normas ambientales. “La compañía que funde aquí, por más que diga o hable de que tiene certificación e ISO 14001, vamos a decir que son trabajadas. Habría que preguntar quién se la dio. Se la dio una institución internacional que habrá que ver sobre cuáles base entrega esa certificación”, expresa.
Sostiene que la única planta fundidora que hay en el país no está en capacidad para cumplir con todas las normas internacionales y en lo personal “no me convence del todo que tengan todo correctamente”. Molina Lizardo dice que él no critica que haya una planta fundidora, sino que si fue certificada es bueno que continúe cumpliendo con los requerimientos, a pesar de que es entendible de que no es una planta rentable.
Estima que para una planta ser rentable, cumpliendo con las normativas en República Dominicana, necesita una inversión mínima de US$15 millones para fundir entre 40 y 50 millones de baterías al año, mientras que en el país, si se fundieran todas, apenas se fundiría 1.8 millón de unidades y tampoco serían con todas las normas ambientales.
Respeto
Molina Lizardo entiende que lo importante aquí es dejar que quienes deben exportar que lo hagan y el que tiene que fundir que también esté en la libertad de hacerlo. En este sentido, sostiene que el otro problema es que si se prohíbe la exportación se crearía un monopolio. “Si una no es rentable, dos sería peor”, dice.
Destaca que antes de que se pusiera orden en el país había 500 puntos de fundición de baterías en patios y en otros lugares que operaban con informalidad, lo que generaba enfermedades y plomos en sangre de niños de forma alarmante. “Haina era un caso de función industrial. Yo estoy hablando de fundición en patios”, indica.
Señala que lo sucedido en Paraíso de Dios, en Haina, fue otro desastre que cuestiona cómo es que no hubo responsabilidades. Recuerda que ese lugar llegó a ser el tercer punto más contaminado del mundo.
“Siempre me ha preocupado dónde se quedó esa escoria. De hecho, el permiso que obtuvieron los amigos que están ahora en Haina era con la promesa de procesarla. Esa escoria no pudo haberse procesado porque tenía mucho lodo y sucio, así como un lixiviado de plomo tan alto que dañaba la salud y tan bajo para no poderse procesar”, explica el ejecutivo de Cometa.
Reconoce el trabajo que realizan los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente porque durante toda su existencia han venido capacitándose. Considera que el mercado no tiene grandes riesgos porque la institucionalidad está funcionando correctamente.
Explica que de los 28 exportadores de baterías usadas sólo dos son importadores de unidades nuevas, lo que indica que los demás, 26, sólo exportan. Indica que ni siquiera esos que exportan bajo condiciones diferentes deberían ser rechazados o limitados, pues se trata de un mercado abierto. “Si ellos cumplen con las reglas de cómo manejar el producto con eso es suficiente”, sostiene.
Al hablar para elDinero, indica que como exportadores están obligados a no sólo cumplir con las reglamentaciones de Estados Unidos, sino que localmente pasan las exigencias de las agencias de seguridad.
Cuestión de mercado
Los datos que maneja el sector establecen que desde 2014 República Dominicana importa alrededor de un millón 700,000 unidades al año, o sea, un crecimiento anual de 28.8% en comparación con 2011 cuando se importaron alrededor de un millón 320,000 unidades. Entre 15,000 y 18,000 dominicanos dependen de esta actividad.
Por primera vez en los últimos 15 años las baterías automotrices superaron las de seis voltios en 2016. Antes la proporción era 60% para inversores y 40% las demás. Ahora, sin embargo, es prácticamente lo contrario: 51% automotriz y 49% los inversores.
Uno de los avances más destacables en el mercado de las baterías es la eliminación progresiva de los puntos informales de fundición, lo cual afecta la salud de quienes manejan el material de plomo y a quienes tienen influencia directa o cercana con las áreas.
Los expertos del sector destacan que República Dominicana no sólo ha avanzado en los controles internos, sino que está obligada a darle seguimiento a cualquier intento de afectar la competitividad de las empresas que operan el sector.
