El ex viceministro de Transporte colombiano Gabriel García Morales, primer detenido en el país por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, aceptó este fin de semana los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación y fue trasladado a una cárcel en Bogotá.
“Ex viceministro García aceptó cohecho, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito. Justicia empieza a brillar”, indicó el ente acusador en Twitter.
Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, en donde habría entregado más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.
El 12 de enero las autoridades colombianas detuvieron a Gabriel García Morales, quien fue viceministro de Transporte durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), por su supuesta implicación en el caso.
Un primer pago de 6.5 millones de dólares se hizo al parecer a García Morales para lograr la adjudicación de la concesión del tramo dos de la Ruta del Sol, vía que comunica el interior del país con la costa Atlántica.
“Estoy bien de salud. Toda la información que tengo la voy a dar ante el Tribunal”, indicó García Morales al llegar esta mañana al juzgado de Bogotá en donde se adelantó la diligencia judicial en la que terminó por aceptar los cargos, gracias a lo cual recibirá una rebaja de hasta la mitad de la pena que se le imponga.
Luego de 11 horas de audiencia, el juez dicto el encarcelamiento del exviceministro por lo que en horas de la noche de este domingo fue trasladado a la cárcel La Picota, de Bogotá.
En el caso Odebrecht hubo un segundo pago, según la Fiscalía, “por 4.6 millones de dólares, para la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra”, en el noreste colombiano.
El ente acusador “estableció que la sucursal en Colombia de la firma Odebrecht contrató el 5 de agosto de 2013 a Otto Nicolás Bula Bula, mediante la modalidad de honorarios por resultado o cuota de éxito, con el objeto de obtener el contrato de la vía Ocaña-Gamarra a favor de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S”.
Por lo anterior, el ex senador colombiano Otto Nicolás Bula Bula fue detenido ayer en la capital colombiana.
Inmediatamente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez defendió su Gobierno. En una carta enviada al director del diario El Espectador, Fidel Cano, y que también publicó en Twitter, el ex mandatario aseguró que Gabriel García Morales, quien este domingo aceptó los cargos de cohecho, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito, traicionó su confianza.
“Gabriel García traicionó la confianza de mi Gobierno, del ministro Andrés Uriel Gallego, de todos aquellos que conocían de sus virtudes profesionales y académicas, y de mi persona. En mi larga vida pública, he manejado los recursos del Estado con pulcritud y austeridad”, indicó Uribe Vélez en la misiva.
El texto, precisó el ex presidente, fue redactado en respuesta a la editorial de El Espectador, titulada “El veneno de la corrupción”, en donde se menciona lo ocurrido con Odebrecht durante el Gobierno de Uribe.
En la carta, Uribe reitera que confía en que la Fiscalía General de la Nación “encuentre a todos los sobornados en los diferentes contratos de Odebrecht, que se sepa el nombre de congresistas que recibieron dinero y si las campañas del presidente Juan Manuel Santos tuvieron financiación de esta compañía”.
Los sobornos admitidos por Odebrecht han evidenciado que la corrupción con complicidades políticas es un mecanismo sistémico en la mayoría de países latinoamericanos más allá de la escandalosa implicación de la constructora brasileña.
Una vez que el emporio brasileño ha reconocido haber recurrido al soborno para ganar licitaciones públicas en varios países latinoamericanos corresponde a estos esclarecer el destino de esos fondos con los que se compraron voluntades políticas, si no quieren añadir a la corrupción el peor mal de la impunidad.
Hasta ahora, de los países implicados, además de Brasil únicamente Colombia ha actuado en esa dirección y ha revelado con nombres y apellidos a dos supuestos destinatarios de los sobornos de Odebrecht.
En Brasil, origen de este escándalo internacional, el propietario y ex presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, se encuentra en la cárcel condenado en primera instancia a 19 años de cárcel.
Marcelo Odebrecht es uno de los muchos ejecutivos de su empresa y de otras, las principales constructoras del país, que han sido juzgados y condenados por pagar sobornos en Brasil, donde también se han depurado responsabilidades políticas al más alto nivel, que aún pueden alcanzar inciertas consecuencias.
En el resto de países latinoamericanos donde opera Odebrecht queda por dilucidar el destino de los sobornos de esta empresa, su alcance político y si ha sido la única empresa, nacional o extranjera, que ha incurrido en ese delito para ganar licitaciones u obtener cualquier tipo de ventajas y favores.
Resulta sintomática la reciente declaración de la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo, al afirmar que eran “un “secreto a voces” los sobornos de Odebrecht en su país, donde la empresa brasileña es la primera constructora por cantidad de obras y volumen de inversión.
Las autoridades panameñas no abrieron una investigación formal sobre ese “secretos a voces” hasta que el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló el pasado 21 de diciembre el alcance económico y los países de destino -788 millones de dólares entre Latinoamérica y África- de los sobornos de Odebrecht.
Durante los dos años y medio de la actual Administración del presidente Juan Carlos Varela, Odebrecht ha ganado dos licitaciones en Panamá, la de la Línea 2 del metro, en asociación con la española FCC, y la de construir 5,000 viviendas y restaurar el centro histórico en la ciudad de Colón.
Los datos revelados por EE.UU., que Odebrecht ha asumido y por los que ha aceptado pagar una millonaria multa de alrededor de 3,500 millones de dólares, mencionan textualmente a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” como destinatarios de los sobornos en cuestión.
Los principales países latinoamericanos implicados desde al menos 2003 hasta 2016, además de Brasil, son Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Guatemala.
En todos esos países se han abierto investigaciones, se han anunciado medidas sin concretar contra Odebrecht más allá de anunciar, en algunos casos, como en Perú, que la empresa ya no podrá participar en más licitaciones, pero la Justicia no ha imputado a nadie, salvo en el caso de Brasil y Colombia.
Por la forma aparentemente escrupulosa y con diversas instancias del Estado implicadas en la que se desarrollan las licitaciones en estos países, es difícil aceptar que sean una o dos personas en cada caso las destinatarias de los sobornos capaces de decidir la concesión de obras a una u otra empresa.
También se hace difícil aceptar que Odebrecht sea la única empresa que ha pagado sobornos, o las llamadas “coimas”, para ganar licitaciones en los países en que actúa, o al menos hace válida la pregunta de en qué casos y en qué medida ofreció el soborno y cuándo se lo exigieron por adelantado como parte de un sistema imperante.
En EE.UU., donde a Odebrecht se le ha aplicado el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero porque opera en territorio estadounidense, el caso está aún abierto y su desarrollo podría acabar revelando el nombre de las supuestas personas e instituciones que recibieron los sobornos.
EE.UU. abrió este caso y reveló sus complejos y devastadores resultados con una sorprendente celeridad cuando Odebrecht firmó a finales del pasado año un acuerdo de delación con la Justicia de Brasil, consistente en aceptar su implicación en los sobornos en ese país y colaborar para conocer todo su alcance.
Uno de los propósitos de la multinacional brasileña al firmar ese acuerdo no puede dejar de suponerse que es conseguir a precio millonario la libertad en un juicio de segunda instancia de su propietario, Marcelo Odebrecht.
En estas circunstancias, no resulta baladí recordar que desde que en EE.UU. entró en vigencia la mencionada Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, con las duras sanciones que establece, las empresas de ese país no ganan -ni apenas se presentan a concurso- casi ninguna licitación pública en América Latina, donde casi siempre las ganan otras empresas latinoamericanas o europeas.