[dropcap]L[/dropcap]a situación de caos y permisividad que vive el sector transporte terrestre de carga y de pasajeros está poniendo en jaque al mismo Estado de derecho en República Dominicana, al que todos los ciudadanos están sujetos, arrastrándolo a una situación de desorden y caos que amenaza seriamente el régimen económico nacional y la propia prosperidad social como país.
Así lo considera el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en un comunicado, en el que expone que la sociedad en su conjunto clama por el establecimiento del orden en este sector.
“Es la administración pública la que debe atender con contundencia este llamado como parte integrante del Estado de derecho, en el que la vida social y civil está sujeta a procedimientos regulados por ley donde los actos del Estado están limitados estrictamente por un marco jurídico supremo y guiados por el principio de legalidad y el respeto absoluto a los derechos fundamentales”, afirma el Conep.
El gremio empresarial considera que es precisamente el cumplimiento de las leyes lo que garantiza la cohesión social, el interés colectivo e impide que se vulneren las normas de interés general, como son la de los servicios públicos.
Para los empresarios, la violación por omisión de estos derechos fundamentales a la libertad de empresa, de contratación, libre competencia y a la de tránsito, consagrados en la Constitución, evidencia la inseguridad jurídica existente frente a los abusos de posición dominante de los sindicatos y federaciones del transporte.
Considera que el Estado es, por tanto, el que tiene el poder y la obligación de ordenar, velar y forzar el cumplimiento de la legalidad vigente que, en la actualidad, no se produce.
El Conep explica que la indignación y desamparo social frente a los abusos de sindicatos y colectivos afines deben hacer reaccionar a los poderes públicos, adoptando las acciones pertinentes para subsanar las violaciones cometidas por tales grupos sindicales.
En este sentido, entiende el Conep, el Estado tiene la doble tarea de no interferir frente al ejercicio de estos derechos y, al mismo tiempo, proteger el ejercicio y disfrute de los mismos que le asiste a cada ciudadano, frente a los ataques e intentos de conculcación de terceros, o de sus propias instituciones.
“Es frente a esta obligación del cumplimiento que el Estado podría vulnerar los derechos de dos formas: porque su acción directa es una interferencia injustificada en la esfera garantizada por el derecho a su titular, o bien porque no proteja dicho espacio frente a la acción de un tercero”, sostiene.
El Conep considera que la sumisión de los ciudadanos y empresas al Estado de derecho es una obligación que la coyuntura actual del sector transporte vulnera. Por esta razón, apunta, se está impidiendo el disfrute a los demás derechos fundamentales.
Reclamo ante el TSA
La acción de amparo ordinaria presentada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y 90 entidades e instituciones del país, pretende, precisamente, defender los derechos de todos los dominicanos ordenando a los órganos estatales vinculados con el transporte de carga y de pasajeros cumplir con las obligaciones legales y administrativas previstas en nuestro ordenamiento, a fin de erradicar el abuso de posición dominante en ambos sectores.
