Conep: Por un transporte para todos los dominicanos

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Conep: Por un transporte para todos los dominicanos

Santo Domingo 0 Compartir 7 de Noviembre, 2016
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La importancia y el peso específico del sector transporte de carga y de pasajeros en República Dominicana es, al igual que en la mayoría de sociedades avanzadas, de vital importancia para el desarrollo y modernización como país.

Junto a un entorno macroeconómico favorable, con tasas de crecimiento estables, República Dominicana convive con una triste realidad que afecta directamente a su competitividad y a la oportunidad de convertirse en un centro estratégico de operaciones del Caribe en materia de comercio internacional.

Durante décadas, el sistema de transporte terrestre de carga en República Dominicana se ha caracterizado por el caos y la arbitrariedad, debido a los exitosos esfuerzos de agrupaciones de transportistas por lograr el control y el poder absoluto sobre el transporte de la carga generada en los diferentes muelles, puertos y zonas industriales del país. Al punto de que con cada paro, huelga o protesta, usando la violencia, logran aislar al país del resto del mundo, lo cual ocasiona pérdidas que alcanzan hasta 800 millones de pesos por día. Por ejemplo, en julio de 2015 se escenificaron conflictos que causaron el bloqueo al acceso a uno de los principales puertos del país provocando pérdidas de 1,200 millones de pesos.

Las prácticas abusivas de posición dominante que se experimentan en el sector de transporte han llevado a una situación de desventaja al país. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el transporte terrestre de carga en República Dominicana, en contraste con países como México, Panamá, Nicaragua y otros de Centroamérica es cuatro veces más costoso.

En nuestro país movilizar un furgón de 40 pies casi triplica el promedio en el Caribe y Centroamérica, mientras que en República Dominicana cuesta US$4.75 por kilómetro, en la región cuesta US$1.75, llegándose a registrar precios como US$1.43 en México y US$1.85 en Panamá. Lo cual se traduce en una limitante para la promoción de la inversión extranjera, una traba significativa para la competitividad en los principales renglones productivos del país y que de manera más específica encarece directamente los productos de primera necesidad y el costo de la vida para los dominicanos.

Lo mismo ha ocurrido con el transporte terrestre de pasajeros, sector en que los sindicatos de transporte, valiéndose de actos violentos e intimidaciones, han logrado un control prácticamente absoluto sobre la prestación de dicho servicio a nivel nacional, tanto para el público dominicano en general como para los turistas.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Sin duda, la realidad sería bien diferente si el Estado hubiese regulado, actuado y puesto orden a la situación desde sus inicios. Sin embargo, a pesar de los constantes reclamos que durante años se han venido realizando con el fin de que los órganos estatales ejecuten medidas que permitan eliminar las prácticas concertadas que afectan el transporte, a la fecha ninguno de éstos ha tomado acciones serias al respecto sino que, por el contrario, han dejado en absoluta desprotección a estas empresas y asociaciones frente a los abusos y a las actuaciones anticompetitivas de los denominados “sindicatos”.

Estas situaciones de vulnerabilidad, desprotección y permisividad justifican por sí solas la acción de amparo presentada por el CONEP ante el Tribunal Superior Administrativo, junto con más de 80 entidades, empresas, asociaciones e instituciones, representativas del tejido social, económico y cultural de República Dominicana.

Los órganos estatales vinculados con el transporte terrestre de carga y de pasajeros han de cumplir con las obligaciones legales y administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico, a fin de erradicar el monopolio existente en ambos sectores. Se pretende de esta forma que sean restituidos y salvaguardados los derechos fundamentales a la libertad de empresa, a la libertad de contratación, a la libre competencia y a la libertad de tránsito, vulnerados por los órganos estatales debido a su inacción en el cumplimiento de las obligaciones puestas por la Ley a su cargo.

Un Estado de Derecho debe ofrecer plenitud de garantías en el cumplimiento de la Ley y sus ciudadanos han de sentirse protegidos para poder desarrollar en libertad, su actividad profesional, personal y social. Por desgracia, una de las actividades vertebradoras de un país, el transporte, no goza de esta seguridad.

Federaciones y sindicatos de transportistas se han dedicado durante años a forzar prácticas ilegales y anticompetitivas en el esquema del transporte de carga y descarga en los puertos y muelles de República Dominicana, impidiendo la competencia de otras empresas en igualdad de condiciones. Con esta estrategia, han logrado un control prácticamente total de los servicios de transporte terrestre de carga en el país, manejando actualmente más de un 80% de la totalidad de la carga en muelles, puertos, parques industriales y de zonas francas y empresas privadas.

El derecho fundamental a la libertad de empresa conlleva la libertad de ejercicio de la actividad empresarial, la libertad de tomar decisiones y competir en un mercado libre, libertad que actualmente las empresas no tienen cuando se trata de transporte terrestre de carga, pues se ven forzadas a contratar el transporte con FENATRADO y sus sindicatos afiliados para evitar la comisión de hechos violentos en su contra y en contra de sus empleados, aun cuando cuenten con una flota de transporte propia o cuando podrían valerse de los servicios de particulares ajenos a dicha federación. Por tanto, el abuso de una posición dominante alrededor de la actividad de carga y transporte de pasajeros, ha sido permitido por décadas en República Dominicana, omitiendo las instituciones del Estado la aplicación de la ley que prohíbe actividades monopólicas.

El futuro de nuestra nación en materia de competitividad pasa, en consecuencia, por el establecimiento y aplicación de un marco regulatorio y normativo, que permita a todos los dominicanos y dominicanas prosperar como sociedad.

Asegurar el cumplimiento de los derechos constitucionales y garantizar la igualdad de condiciones entre todos los actores de la cadena de servicios de transporte de carga y pasajeros son los ejes sobre los que debería pilotar la actuación de la Administración en este respecto.

El país necesita sustituir un esquema de transporte anquilosado y antiguo por otro libre, inclusivo, moderno y digno. Nuestra sociedad requiere de un mercado donde el sector de transporte opere con una visión de servicio, calidad y eficiencia, abierto a la oferta y la demanda. Solo de esta forma y entre todos podremos prosperar y dejar a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones un país mejor.