[dropcap]S[/dropcap]egún datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el Caribe deberían de invertir aproximadamente el 5% de su producto interno bruto (PIB) en proyectos de infraestructura. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) específicamente señala como crítica para el desarrollo de estas economías infraestructura en las áreas de transporte, energía, agua y saneamiento y telecomunicaciones.
Para poner esto en perspectiva, debemos de entender que un 5% del PIB de Latinoamérica y el Caribe a la fecha, según datos de la Cepal, anda por unos US$320 mil millones al año. Con excepción de los países que tienen sus mercados de capitales más desarrollados, como Chile, Brasil, México, Perú y Colombia, ningún otro país de esta región tiene un mercado de capitales lo suficientemente maduro y sofisticado para financiar todos los proyectos de infraestructura que hacen falta.
Gracias a la creación de los fondos de pensiones privados en la primera década del 2000, República Dominicana tendría gran parte de los fondos necesarios para estas inversiones.
Desafortunadamente aún no contamos con el marco regulatorio necesario para que estos fondos puedan ser invertidos de una manera transparente y eficiente. Si bien desde el año 2009 anda circulando un proyecto de ley que reglamentaría específicamente las asociaciones público-privadas (APP), ésta no ha sido aprobada todavía.
Para muchos expertos, una ley de APP que cumpla con las mejores prácticas internacionales, similar a la chilena, es una condición sine qua non. Esta ley debería de contemplar, entre otros, procedimientos de licitación abiertos y transparentes, mecanismos de análisis de costo-beneficio y valor del dinero, mecanismos de supervisión y auditoría independientes, mecanismos de resolución de disputas eficientes y expeditas.
Es cierto que esta ley de APP es una condición necesaria, tal como he expuesto anteriormente, mas no es suficiente. Por el otro lado, hace falta un reglamento de valores que especifique cuál será el marco regulatorio con que se emitirían tanto los instrumentos de renta variable como de renta fija.
La Ley de Valores 19-00 contempla la emisión de renta variable y de renta fija, pero 16 años después todavía no ha publicado ni un reglamento de renta variable, ni un reglamento de renta fija equivalente al conocido en Estados Unidos como el 144ª o REG, que permite a compañías emitir bonos al mercado profesional (que incluye a las AFP) en cuestión de horas.
En República Dominicana tenemos que dar gracias si en vez de emitir en horas, como se hace en todos los países desarrollados del hemisferio, nos lo aprueban en 30 días.
De acuerdo con Infrascopio, una unidad de The Economist, llamada el Inteligence Unit, que está evaluando el entorno para las asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe, desde el 2009 República Dominicana está catalogada en el puesto número 15 de 19 países que son evaluados. Infrascopio 2014 dice que República Dominicana, junto a Venezuela y Argentina, fueron los únicos países que perdieron puntuación en referencia al 2012.
En el caso de nuestro país ellos lo atribuyen a que “el escepticismo político y público ha desviado el foco de la política de APP hacia una más tradicional inversión pública”. El gobierno ha cancelado concesiones de autopistas, decidió reingresar a la generación eléctrica y criticó la concesión de los aeropuertos Aerodom.
Si queremos desarrollar las infraestructuras esenciales según la Cepal, para que como país podamos tener un desarrollo de la economía sostenible y mayor equidad en la sociedad, debemos emular el marco jurídico y el marco institucional de países como Chile.
En la medida que seamos capaces de hacer esto, tendremos un mayor crecimiento y una sociedad más justa.
Fuente: Infrascopio / The Economist / Intelligence Unit-Evaluando el entorno para las asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe.
