[dropcap]E[/dropcap]l mercado laboral dominicano crece de forma sostenida, pero lenta, si se toma en cuenta que la demanda de puestos de trabajo es mucho mayor que la oferta.
Aunque en el país se registran poco más de 100,000 empleos formales nuevos cada año, como se propuso el Gobierno en la gestión que casi finaliza, la tasa de desocupación abierta sigue siendo alta, a pesar de que pasó de 7% a 5.7% en los últimos tres años, mientras que la tasa de desocupación ampliada se ha reducido a 13.3%, según informes del Banco Central. Hace una década la tasa de desempleo era de 19%.
El problema es que si bien es positivo generar más de 100,000 empleos anuales, la demografía presenta un crecimiento de más de 200,000 personas que demandan empleos todos los años, para un déficit en la oferta de trabajo equivalente a un 50%.
A eso se agrega el hecho de que la participación del Estado como empleador es prácticamente determinante, mientras que la informalidad en el mercado laboral está por encima de la oferta de trabajo formal.
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De acuerdo con estadísticas oficiales fruto de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) del Banco Central, la población ocupada en el país ronda los 4 millones 303,642 trabajadores asalariados hasta octubre de 2015, la cual habría crecido a 4,401,994 hasta abril de este año. De esa cantidad, solo un 46.7% son trabajadores formales, mientras que el 53.3% trabaja en actividades informales de la economía.
Las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) indican que dentro del sector laboral formal, al menos el 29.2% son empleados del Estado en instituciones centralizadas y descentralizadas.
Comparaciones
El Banco Central ha dado a conocer datos preliminares de la ENFT en los que señala que desde abril de 2015 hasta abril de 2016 en el país se generaron 173,402 nuevos empleos.
Sin embargo, esa cantidad incluye a empleados formales e informales; y dentro de los informales hay una proporción, aunque mínima, que no percibe ingresos. Además, esa cantidad también incluye a trabajadores informales a partir de los 10 años de edad.
En tanto que, la TSS, en su informe sobre cotizantes a la seguridad social señala que de abril 2015 a abril 2016 se generaron en el país 138,402 nuevos empleos, con la especificación de que todos son formales, pues por eso aparecen como cotizantes y, además, todos son mayores de 18 años de edad, pues si son menores no figuran como empleados.
Hasta el mes de octubre de 2015 el Banco Central registra 2 millones 11,513 trabajadores formales en la economía nacional. En tanto que, hasta abril de 2016, la TSS muestra en sus estadísticas en total la cantidad de 1 millón 824,937 empleados formales o cotizantes a la seguridad social.
Empleados públicos
El hecho de que al menos el 29.2% de los empleados formales del país sean servidores de instituciones públicas, ofrece una idea de cuán determinante es el Estado en el mercado laboral.
La TSS, en su informe a abril de este año, indica que el sector privado emplea a 1 millón 290,864 personas, lo que representa el 70.8% del mercado laboral formal general.
En tanto que los empleados de instituciones centralizadas del Estado suman 290,586 al cierre del primer trimestre de este año, para ocupar el 15.9%, y los empleados de las instituciones descentralizadas del sector público llegan a 243,487, para representar el 13.3%.
En términos generales, la TSS registra la cantidad de 534,073 empleados estatales cotizantes a la seguridad social, pero en realidad son más, porque hay instituciones públicas cuyos empleados no son cotizantes ante esa institución, debido a que aplican para planes de pensiones y de seguridad social particulares.
Entre esos empleados estatales que no figuran en las estadísticas de la TSS están los servidores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los miembros de las fuerzas armadas y de la Policía, así como los trabajadores de órganos como la Junta Central Electoral (JCE), de la Cámara de Diputados y del Senado, entre otras entidades autónomas y descentralizadas.
Es posible que los empleados del sector público ronden, en realidad, alrededor de 650,000, con lo que el peso del Estado como empleador pasa a ser mucho mayor al 29.2% que aparece en la TSS, en términos proporcionales.
Sin protección social
Entre las desventajas que tienen los trabajadores informales están la falta de derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo, además de que no son cotizantes al plan de pensiones y al Seguro Familiar de Salud (SFS), por lo que su acceso a los servicios hospitalarios les resulta más costoso o menos efectivo si se toma en cuenta que deben acudir a los hospitales públicos.
El presidente Danilo Medina ha puesto énfasis en la formalización de las empresas y unidades productivas del país, estableciendo esa condición para poder hacer negocios con las instituciones del Estado. No se puede ser suplidor de bienes y servicios a instituciones públicas si no se está previamente formalizado y al día en el pago de los impuestos y en la cotización a la seguridad social.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en esa dirección, la informalidad laboral sigue siendo alta, al punto que se mantiene sobre el 53% de la población trabajadora activa, de acuerdo con las estadísticas oficiales del Banco Central, arrojadas por su Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).
El Estado crece
El Banco Central informó que el mayor crecimiento en las nóminas del Estado durante el primer trimestre de este año se registró en el Ministerio de la Presidencia (7.6%), debido a los nuevos proyectos del Despacho de la Primera Dama y la Vicepresidencia de la República.
También creció la nómina del Ministerio de Defensa (2.8%), por la integración de nuevos miembros a la Armada dominicana, así como al Ejército y a la Fuerza Aérea, con la finalidad de reforzar y mantener la seguridad ciudadana.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones aumentó su número de empleados en un 2.4%, por los diferentes proyectos de construcción, bacheo y acondicionamiento de carreteras, puentes, túneles, elevados y señalización de vías, entre otros. En tanto que el Poder Judicial también subió en 2.4% su número de empleados, producto de la creación de nuevos juzgados de Paz puestos en funcionamiento en diferentes provincias del país.
