[dropcap]L[/dropcap]a Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Inc. (LIDAAPI), saludó la iniciativa del Senado que dispuso, en su primera lectura, aplazar por un año la entrada en vigor de la Ley del Notariado, que ha sido objetada por distintos sectores debido a las perturbaciones que la aplicación de algunas de sus disposiciones crearía en la economía y en la sociedad.
La institución advirtió que la aplicación de la Ley del Notariado tendría un impacto altamente negativo para los millones de clientes del sistema financiero nacional, que sufrirían el encarecimiento de los créditos, impactados por el aumento de los gastos de cierre de los contratos para cubrir las nuevas tarifas por servicios notariales.
La LIDAAPI, organismo al cual están afiliadas las diez asociaciones de ahorros y préstamos que operan en diferentes regiones del país, señaló que la nueva Ley del Notariado “afecta todas las operaciones de los ciudadanos en las que se requiera un notario para su realización, como el retiro de cuentas a nombre de un familiar fallecido, protesto de cheques, donaciones, sucesiones, actos de venta, permutas, hipotecas y otros tipos de actos notariales.
De igual modo, valoró como sensato el proyecto presentado por Senador Charles Mariotti para aplazar por un año la aplicación de la citada ley, que fuera aprobado el pasado jueves en primera lectura, y se expresó esperanzada en que la reforma prospere en ambas cámaras legislativas para que pueda procederse a las modificaciones y adecuaciones pertinentes, “porque así se evitarían efectos negativos para los clientes bancarios y los ciudadanos en general, que por una razón u otra requieran la participación de notarios en las operaciones que realizan”.
Estimó como valederas las objeciones a la legislación externadas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el procurador General de la República, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), firmas de abogados independientes y otros sectores que consideran “que la referida ley tendrá efectos negativos sobre la ciudadanía.”
LIDAAPI subrayó que las nuevas tarifas establecidas en la Ley para los servicios notariales, si se mantiene vigente, “provocarían alzas muy pronunciadas en los servicios que ofrecen las instituciones financieras al público, impactando negativamente en el crédito y limitando su acceso al mismo, sobre todo, para la clase económica de menores ingresos que es la beneficiaria de los proyectos de viviendas de bajo costo.”
Consideró que se trata de una legislación contraproducente frente a los esfuerzos por la inclusión financiera, la democratización del crédito y el acceso a la vivienda digna que se promueven tanto desde el Gobierno como del propio sector privado.
La LIDAAPI aclaró que no se opone a que la ley por la cual se regían los notarios, que data de 1964, sea revisada sino, que “por razones de proporcionalidad, equidad y razonabilidad, la Ley 104-15 no sólo debe ser aplazada en su aplicación, sino también, sometida a discusión con los distintos sectores envueltos en la misma, para que sea modificada en aquellos aspectos que afectan a la mayoría de los ciudadanos”.
