[dropcap]L[/dropcap]uego de varios años de espera, el Senado aprobó el proyecto de modificación de la Ley 3489 de Aduanas, una iniciativa impulsada por el sector empresarial con el objetivo de aumentar la eficiencia en la gestión aduanera y mejorar los niveles de competitividad del país. Hasta ahí todo bien.
Sin embargo, el rechazo de la nueva legislación de parte del director de Aduanas, Fernando Fernández, ha desatado la controversia, con serias acusaciones de corrupción hacia legisladores y empresarios.
La nueva Ley de Aduanas limitaría las atribuciones de la Dirección General de Aduanas (DGA), así como su autonomía presupuestaria.
Para empezar, Fernández considera que no existen razones para modificar el marco normativo que rige el funcionamiento de la DGA, aunque su aprobación excede los 35 años. Para apoyar su tesis, el funcionario exhibe la mejoría de la gestión, reconocida por organismos internacionales.
Por ejemplo, la Organización Mundial de Aduanas otorgó a la institución dominicana una mejor valoración en los últimos dos años, bajando su posición en el ranking mundial de 46 a 24 gracias a su eficiencia. “¿Para qué cambiar algo que ya funciona?”, se pregunta.
Es por ello que su única explicación ha sido el pago de sobornos de parte de las empresas de envíos a los legisladores.
Ese tipo acusaciones ha sido catalogada como inaceptable por parte de la organización empresarial más importante, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). “En lugar de ofrecer declaraciones ligeras, debe procurar presentar reales argumentos técnicos y jurídicos de fondo que justifiquen su oposición respecto al proyecto de modificación de la ley, que está en curso en el Congreso Nacional. ”, afirmó el Conep a inicios de semana.
Y es que a juicio del empresariado, la DGA debe ser despojada de toda la discrecionalidad que le brinda el actual marco legal, otorgándole poderes implícitos sobre la propiedad privada evadiendo la jurisdicción de la justicia y los tribunales competentes.
El pasado viernes, el vicepresidente del Conep, Pedro Brache Álvarez, imitió un comunicado en el que afirmaba que habían solucionado el conflico con el funcionario, luego de una reunión. No obstante, los líderes empresariales no hicieron referencia a la ley, el punto que ha aflorado las discrepancias.
A inicios de semana, el Conep había reinterado su respaldo a la aprobación de una nueva ley de aduanas, señalando que debe ser un compromiso de todos los sectores de la sociedad “someter a la legalidad, el debido proceso y la transparencia, los procesos administrativos”.
Apoyo
Pero el director de Aduanas no es el único que hace observaciones al proyecto de modificación. Aunque de manera más conservadora, el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Sadala Khoury, y el presidente de Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Pedro Pérez, manifiestan que la pieza debe someterse una nueva revisión consensuada entre los diferentes sectores económicos sobre los que tendría efectos.
Según Khoury, la Dirección General de Aduanas (DGA) necesita conservar su autonomía con el fin de seguir aumentando sus niveles de eficiencia, lo cual tiene efectos directos en la competitividad del país.
“El sector exportador entiende que la DGA debe preservar su autonomía y personalidad jurídica, pues este logro fue el resultado de organismos internacionales”, explicó Khoury.
De esta manera, el líder empresarial consideró que el proyecto de modificación aprobado por el Senado requiere de un proceso de revisión, que evite lesionar las atribuciones institucionales que han permitido la mejoría de la gestión aduanera dominicana, reconocida internacionalmente.
“Según el informe Doing Business del Banco Mundial, para 2014 la aduana dominicana estaba en la posición de 39 de 189 economías, mientras que en tan solo un año, la DGA logró colocarse en la posición 24, gracias a las medidas tomadas por esta dirección, al disminuir la cantidad de documentos requeridos para la exportación”, dijo Khoury.
Para Pedro Pérez, cualquier proyecto de modificación debe preservar la autonomía financiera y funcional de la DGA, con la capacidad de aplicar sanciones al margen de la cantidad de recursos que implique cualquier fraude.
Aclaró que no rechaza el proyecto en su totalidad, pero que se requiere una revisión más detenida con los diferentes sectores sobre los que ejerce alguna influencia, con el fin de llegar a un punto medio que beneficie a todas las partes.
Varios frentes
El actual director de Aduanas ha protagonizado diversos conflictos. Además de su rechazo al proyecto de modificación de la ley, se ha enfrentado a las empresas de currier, en su lucha por eliminar la exención hasta US$200 de las compras por internet.
Fernández, además, ha litigado públicamente con el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, a quien le ha manifestado no acogerse a la decisión de esa alta corte, en caso de que favoreciera el contrato de rayos X suscrito por el país con una empresa proveedora.
